El trabajo investigativo realizado por Alejandro Moncada ha arrojado luz sobre el presunto desvío de recursos destinados al programa “Buen Comienzo” en Medellín. Este caso, que involucra la malversación de fondos destinados a la alimentación de niños y madres gestantes, ha llevado a la imputación de tres personas clave. A continuación, analizamos los detalles de esta investigación:
Las tres personas imputadas en este caso son:
Alexandra Agudelo: Ex secretaria de educación de Medellín, quien tiene conexiones políticas con el candidato a la alcaldía, Albert Corredor, y actualmente forma parte de su campaña.
Lina Gil: En la época de los sucesos, ocupaba el cargo de directora técnica de Buen Comienzo.
Henry Paulison Gómez: Representante de Colombia Avanza, la corporación que recibió el contrato objeto de esta investigación.
“Buen Comienzo” es un programa de la Secretaría de Educación de Medellín que tiene como objetivo proporcionar educación inicial y promover el desarrollo integral de niños, niñas y familias durante los primeros cinco años de vida. Este programa se enfoca en brindar apoyo a la población más vulnerable de la ciudad.
Alexandra Agudelo es una psicóloga que ha trabajado de cerca con la familia Corredor, en particular en el CENSA, una institución universitaria de propiedad de la familia de Albert Corredor. Esta relación plantea interrogantes sobre posibles vínculos políticos y de influencia en la asignación de contratos.
Uno de los contratos que ha generado controversia fue adjudicado el 20 de marzo de 2020, durante la cuarentena por la pandemia de COVID-19. El contrato, por un valor de 7.168 millones de pesos, tenía como objetivo la entrega de paquetes alimentarios a estudiantes y fue otorgado a la corporación Colombia Avanza, dirigida por Henry Paulison Gómez.
Henry Paulison Gómez es un empresario que apoyó la campaña de Daniel Quintero para la alcaldía. Durante la ejecución del contrato, la alcaldía tuvo que proporcionar una bodega para el almacenamiento de los alimentos debido a la falta de experiencia de Colombia Avanza.
La investigación revela que la secretaria de educación habría favorecido a Colombia Avanza al cambiar los requisitos de contratación, lo que resultó en una ventaja injusta sobre otros competidores. Esto se refleja en los contratos 4600085185 y 4600085448, destinados a la modalidad familiar y la entrega de alimentos, respectivamente.
Según el Banco Nacional de Oferentes, Colombia Avanza solo tenía la capacidad de contratar hasta aproximadamente 720 millones de pesos. Sin embargo, ambos contratos sumaron cerca de 30.000 millones de pesos, lo que sugiere la existencia de sobrecostos y posiblemente corrupción. Además, Colombia Avanza habría subcontratado a “Impulsando Mi País” y “Servicio Entrega,” lo que generó sobrecostos de casi 1.300 millones de pesos.
El trabajo investigativo de Alejandro Moncada ha desenterrado presuntas irregularidades en el programa “Buen Comienzo” de Medellín, señalando la malversación de fondos destinados a la alimentación de niños y madres gestantes. Estos hallazgos han llevado a la imputación de tres personas y a un cuestionamiento profundo sobre la transparencia en la asignación de contratos públicos.
La sociedad civil y los entes de control desempeñan un papel fundamental en la defensa de los recursos públicos y la lucha contra la corrupción. Este caso demuestra que la investigación periodística puede dar lugar a acciones legales que buscan preservar la integridad de los programas sociales y garantizar que los fondos públicos se utilicen de manera efectiva en beneficio de la población más vulnerable.
