El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres, conocido como DAGRD, desempeña un papel crucial en la gestión y reducción de desastres en la ciudad de Medellín. Su objetivo primordial es salvaguardar vidas y bienes en situaciones de emergencia. Sin embargo, en los últimos tiempos, esta entidad se ha visto envuelta en una trama de corrupción que ha comprometido gravemente su labor y los recursos públicos.
Esta trama de corrupción se ha tejido en torno a tres figuras clave:
Álex Flórez: Exconcejal de Medellín y actual senador por el partido Independientes dentro del Pacto Histórico. Fue un miembro destacado del movimiento Independientes que catapultó al poder al alcalde Daniel Quintero. Su influencia política se ha extendido a lo largo de varios cargos y áreas gubernamentales.
José Luis Osorio: Candidato a la alcaldía de Cartagena por el partido Independientes y amigo cercano de Álex Flórez. Osorio ocupó el cargo de subsecretario de Educación en Medellín, consolidando su influencia en la administración municipal.
Laura Duarte: Directora actual del DAGRD. Su ascenso a este cargo ha generado interrogantes debido a su falta de experiencia en gestión de desastres. Su nombramiento ha sido atribuido a su conexión con Álex Flórez.
La historia de corrupción en el DAGRD se remonta a los años universitarios de Álex Flórez y José Luis Osorio, cuando ambos fueron compañeros en el movimiento estudiantil FENARES (Federación Nacional de Representantes Estudiantiles). Esta relación política se consolidó aún más en 2020, cuando Álex Flórez asumió como concejal y José Luis Osorio se convirtió en director técnico de la gerencia educativa en la Secretaría de Educación.
Bajo la alcaldía de Daniel Quintero, el DAGRD cambió su proceso de contratación de personal, pasando del Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM) al Tecnológico de Antioquia. Este último tenía una conexión cercana con Álex Flórez, ya que había sido beneficiado con contratos por un monto significativo en el pasado. Esto marcó el inicio de una politización agresiva en el DAGRD, donde expertos y empleados con experiencia fueron reemplazados por fichas políticas cercanas a Álex Flórez.
Uno de los aspectos más alarmantes de esta trama de corrupción son los denominados “puestos corbata”. Estos son contratos con salarios elevados que generalmente implican funciones ya existentes y no requieren la presencia física del beneficiario. Algunos ejemplos son:
Diana Carolina Blandón: Con 5 contratos en la unidad de apoyo de Álex Flórez y en el DAGRD, por un total de 73 millones de pesos. Lo sorprendente es que, durante la vigencia de estos contratos, estaba inscrita en seis materias académicas y trabajaba como auxiliar administrativa en el subcomponente de seguridad humana.
Johanna Peláez Botero: Firmó 4 contratos con el DAGRD por cerca de 12 millones de pesos. Lo particular es que jamás tuvo conocimiento de dichos contratos, y al parecer, su firma fue suplantada.
María Isabel Acosta: Mientras tenía un contrato de exclusividad con una firma de financiamiento llamada “Tuya”, trabajaba en el DAGRD, donde ejecutó 4 contratos por un monto de más de 27 millones de pesos.
Carlos Alberto López: Ha firmado 11 contratos con el DAGRD por un valor mayor a los 230 millones de pesos.
Una característica común de estos contratos es que todos tienen los mismos informes de actividades, a pesar de involucrar distintos puestos y actividades laborales, además de desarrollarse en diferentes meses. Estas irregularidades apuntan a una gestión deficiente de los recursos públicos.
La trama de corrupción que ha permeado el DAGRD es un llamado de atención urgente. Más allá de la afectación a los recursos públicos, compromete la capacidad de respuesta y gestión en situaciones de desastre. Es esencial que la ciudadanía esté informada y vigilante ante estos abusos.
El deber de quienes defienden la transparencia y la justicia es seguir denunciando estos actos y exigiendo que se haga justicia. La corrupción no puede prevalecer en instituciones destinadas a proteger a la ciudadanía. La lucha contra la corrupción es un compromiso que todos debemos asumir para construir una Medellín más justa y próspera.
