La venta de chatarra proveniente de vehículos abandonados en los patios de la Secretaría de Movilidad de Medellín ha sido objeto de una preocupante denuncia por desfalco. Esta trama de corrupción ha levantado serias interrogantes sobre el manejo de los recursos públicos en la ciudad.
La denuncia apunta a que el contrato de venta de chatarra de estos vehículos está causando un detrimento patrimonial significativo. Sorprendentemente, el kilo de chatarra se estaría vendiendo a tan solo 98 pesos, cuando en el mercado su valor oscila entre 1.000 y 1.800 pesos por kilo. Aún más alarmante es el hecho de que en la subasta solo se presentó un oferente, lo que genera sospechas de irregularidades en el proceso.
La magnitud de la ganancia que se estaría generando es astronómica. Según El Colombiano, se estima que el lucro alcanzaría alrededor del 1.020% en este proceso. Esto implica que en juego estarían 20.000 toneladas de chatarra por las que se pagarían cerca de 2.038.400.000 pesos, considerando que hay aproximadamente 50.000 vehículos en los patios.
Durante este proceso, el secretario de movilidad era Carlos Mario Mejía, quien en ese momento era concejal por el partido Liberal y formaba parte del equipo de los liberales socialdemócratas. La adjudicación del contrato a una única oferta plantea preguntas sobre la transparencia del proceso.
La empresa beneficiaria de este contrato es la unión temporal RYM, compuesta por la empresa recicladora Naranjo y HAQ Steels PVT S.A.S. La denuncia señala que esta unión temporal tenía requisitos del estudio previo adaptados a su medida, lo que plantea serias preocupaciones sobre la objetividad y la competencia en el proceso de selección.
Es importante destacar que una de las empresas involucradas en esta unión temporal estaría vinculada a procesos de irregularidades desde 2015. En 2020, la Procuraduría abrió un expediente por una nómina paralela en un proceso de recuperación en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina durante el huracán Iota. Además, se sospecha que está relacionada con la reventa irregular de maquinaria de construcción que la Dian ordenó destruir, lo que resultó en 11 personas detenidas.
En un giro positivo, en 2022, este contrato fue revertido, lo que permitió evitar un detrimento patrimonial mayor. Esto demuestra que la lucha por la transparencia y la defensa de los recursos públicos puede dar resultados concretos. La ciudadanía y las autoridades deben seguir vigilantes para prevenir futuros abusos y corrupción en la gestión de los recursos públicos. No permitiremos que los corruptos continúen aprovechándose de los recursos que pertenecen a todos los ciudadanos en beneficio propio.
